Historia
Las asociaciones de juezas en Latinoamérica datan de 1991 (Costa Rica) y 1993 (Argentina). Desde ese momento y hasta a la actualidad, en todo el mundo se siguen aglutinando mujeres en torno a asociaciones de juezas para luchar y reivindicar los derechos humanos de las mujeres juzgadoras.
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En San José de Costa Rica, en mayo de 2024 la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la Asociación Costarricense de Juezas se propusieron crear una federación Latinoamérica de juezas.
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A partir de esa intención, y con el apoyo de la Fundación Justicia y Género, se acordó fundarla en el XX Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica que se celebró en Ciudad del Este, Paraguay el 13 de setiembre de 2024.
La constitución fue liderada por la presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas, honorable jueza Magda Díaz Bolaños; las delegadas de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, honorables juezas Teresa Day y Marcela Leiva; la honorable jueza María Celeste Jara Talavera presidenta de la Asociación de Magistradas Judiciales de la República del Paraguay -AMJRP; la Presidenta Asociación de Mujeres Juezas de Ecuador- AMUJE la honorable jueza Eva del Pilar Pacheco Rodríguez; y, la Presidenta de la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces-ACMJ, la honorable jueza Leida Ballén Farfán.
Se utilizó como texto base la propuesta de la Asociación Costarricense de Juezas, contando con la asesoría y experiencia de la jueza jubilada Cristina Víquez Cerdas, quien posee amplia experiencia en asociacionismo regional, quien además es la vicepresidenta de esa organización costarricense.
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Como personas testigos de honor estuvieron presentes en el acto formal de constitución: María Teresa Day, Marcela Alejandra Leiva, Silvia López, Rodrigo Jiménez Sandoval, María Carolina Llanes, Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, Diana Catalina Toledo Verdugo y Graciela Viviana Bentancourt Ortiz.
Mesa Ejecutiva
Este grupo de mujeres líderes trabajan en garantizar que la justicia sea accesible y equitativa para todos. Su compromiso con la transparencia y la integridad fortalece la confianza en el sistema judicial y marcan una diferencia significante.
